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Lunes, 20 de abril de 2020
EL CONSEJO DE MINISTROS ESTUDIARA LA MORATORIA PARA LOS ALQUILERES PROFESIONALES DE PYMES Y AUTONOMOS

La medida será llevada al orden del día de mañana para estudiarla. El ministro Escrivá contempla facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad rebajando la caída de ingresos del 75% al 50%



Los asociaciones de autónomos –ATA, UPTA y Uatae– no cejan en su empeño de mantener la presión sobre el Ejecutivo para hacerle llegar cada vez que tienen oportunidad que las medidas que se han aprobado hasta ahora solo han aliviado la situación económica y laboral de menos de la mitad de los 3,2 millones afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Por ello, en la reunión telemática de ayer con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lograron su compromiso para que en el Consejo de Ministros de mañana presente ante el resto de miembros del gabinete de Pedro Sánchez dos de las demandas más acuciantes de este colectivo: por un lado, la posibilidad de que se pueda rebajar del 75% al 50% la minoración de la facturación para poder acceder a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad –las asociaciones habían planteado que se rebajara hasta el 40%, pero Seguridad Social no estaría dispuesta a establecerlo por debajo de ese 50%–; por otro, trasladará –y sería partidario de apoyarlo– al Ministerio de Agenda Urbana de José Luis Ábalos que se amplíe la moratoria concedida en el pago de los alquileres particulares también para los alquileres profesionales, que en la actualidad ahogan la economía de pymes y autónomos que han perdido buena parte de sus ingresos o están en cese de actividad, pero que deben seguir pagando por el alquiler de su negocio cerrado.

Escrivá manifestó que presentará una propuesta sobre estas cuestiones una vez haya estudiado y valorado todas las posibilidades. Esta medida podría beneficiar a 1,8 millones autónomos que se acogerían al cese de actividad casi de inmediato. El ministro también se comprometió a estudiar la batería de medidas que le trasladaron conjuntamente las tres asociaciones. Entre ellas, soluciones para los autónomos de temporada –deberían tener un tratamiento similar a los asalariados fijos discontinuos–; también para aquellos que carecen de mutua asignada –son un colectivo que podría alcanzar los 400.000 autónomos sin mutua colaboradora de la Seguridad Social, pero que han pagado sus cotizaciones–; que se valore una moratoria para otros gastos asociados a la actividad, como la inversión en vehículos, maquinaria o licencias –o por lo menos se compensen con ayudas–; que la moratoria del pago de la cuota de la Seguridad Social anunciado para mayo y junio se haga efectiva ya desde este mes de abril –algo que Escrivá también recibió de forma positiva–; que se prolonguen las prestaciones a quién las necesite pasados tres meses tras la finalización del estado de alarma –para sectores cuya vuelta a la actividad sea más gradual y difícil–; que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses tras la conclusión del ERTE; que se facilite que los autónomos de baja o con incapacidad temporal y las autónomas de baja maternal que se reincorporaron a la actividad en 2020 puedan percibir la prestación extraordinaria –pese a no poder acreditar una caída de ingresos–; y que se unifique y actualice el listado de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) suspendido y se incluya a la construcción y reformas en este listado, entre otras.

Tanto Escrivá como las asociaciones de autónomos se han emplazado a crear una comisión ministerial para sentar las bases de un plan de recuperación económica para este colectivo una vez que el estado de alarma haya cesado y se recupere la actividad empresarial. Adelantó el ministro que este plan de rescate tendrá especial atención sobre los sectores más vulnerables y los que más han sufrido el impacto de la pandemia, como el comercio, la hostelería, las actividades recreativas y de ocio y el sector turístico en general, que van a necesitar un apoyo extra. En este sentido, también adelantó que trabaja en colaboración con el Ministerio de Trabajo para encontrar una fórmula legal que garantice la posibilidad de mantener la protección de los ERTE durante varios meses después del fin del confinamiento y una vez se haya dado por terminado el paraguas de la prestación extraordinaria por ceses de actividad. La idea de ambos departamentos es «elaborar estrategias de estímulo que posibiliten la recuperación escalonada de estos sectores críticos», les trasladó.

Según el presidente de UPTA, Eduardo Abad, "si se aprobara en el próximo Consejo de Ministros la rebaja al 50% la pérdida de ingresos estaríamos hablando de que 1,8 millones autónomos se beneficiarían de la prestación por cese de actividad casi de inmediato".

Por su parte, UATAE reconoce el esfuerzo de la Administración, pero entiende que el Gobierno debe reconsiderar el requisito de acceso a la prestación a partir del nivel de pérdidas del 75% para los autónomos con menores ingresos. «No es lo mismo perder el 75% cuando ingresas 10.000 euros que cuando ingresas 1.000, que supone una asfixia total», y de esta manera «se llegaría a muchos trabajadores autónomos que están pasándolo mal y a los que ese umbral del 75% aún les queda lejos», ha remarcado María José Landaburu, presidenta de esta asociación.

Más contundentes han vuelto a mostrarse la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados cuatro propuestas de enmiendas para proteger al colectivo de autónomos y reforzar su liquidez ante la pandemia del Covid-19. «Es fundamental para ayudar a los autónomos que no hayan reducido su actividad o cerrado sus negocios, que aumente la protección y se facilite la liquidez, evitando tener que adelantar las cuotas que se devuelven a los dos meses, en un momento que no hay ingresos ni liquidez», aseguró el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Estas enmiendas se centran en pedir la suspensión de la cuota mensual mientras dure el estado de alarma; en dotar de protección a los autónomos de baja por el contagio del coronavirus; en apoyar a las madres autónomas que se hayan incorporado a su actividad tras la maternidad y en extender la prestación extraordinaria por cese de actividad a todos los autónomos que han visto caer su actividad un 40%. "Confiamos en que los grupos parlamentarios apoyen a los autónomos con estas propuestas que son necesarias para paliar la dramática situación que están viviendo los autónomos", concluyó.

Fuente: LA RAZON
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