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Lunes, 28 de julio de 2014
EL SUPREMO ANULA TRES APARTADOS DEL REGLAMENTO DE OPERACIONES VINCULADAS por Expansión

El Tribunal Supremo ha anulado tres preceptos del Reglamento sancionador de operaciones vinculadas en una sentencia que da la razón en parte al recurso del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles contra el Real Decreto, que introdujo en 2010 unas obligacionesde información y unas sanciones a las empresas más exigentes que las que imponen el resto de países de nuestro entorno.

 

 

Los apartados anulados tratan el cálculo de la tributación y el derecho del contribuyente a recurrir,asuntos que, a juicio delıSupremo, exceden la potestad normativa de un reglamento. Se trata del últimoinciso del artículo 21.2, del artículo 21 bis 2.a) párrafo segundo y del artículo 21 bis 2.b) párrafo segundo.

Las operaciones vinculadas deben ser valoradas a valor de mercado, es decir, al valor que hubieranacordado partes independientes, según establece la Ley contra el Fraude de 2006 que modificó la deSociedades. Si la operación vinculada se contabiliza desconociendo el valor de mercado, procede unajuste primario y un ajuste secundario, con los cuales se persigue reajustar el valor convenido por laspartes vinculadas al valor de mercado y hacer tributar las rentas que se hayan puesto de manifiesto.

El fallo delıSupremo implica que en el caso del ajuste secundario, la Administración tendrá que probar lanaturaleza de las rentas. Respecto al procedimiento especial para las comprobaciones de valor, sesuprime la exigencia de que el recurso o reclamación sean únicos para todos los interesados.

Los preceptos cuestionados por el Supremo, que se introdujeron en 2006 y que fueron desarrollados enun reglamento en 2011, establecen el régimen sancionador que, con el fin de luchar contra el fraudefiscal, diseñó el Gobierno para evitar que las empresas pacten los precios de sus operaciones fuera demercado y rebajen la tributación. La norma exige la aportación de documentación bajo amenaza desanciones tanto para multinacionales como para pymes.

En julio de 2013 el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad del régimen sancionador alentender que no vulnera ni los principios de legalidad sancionadora ni de proporcionalidad. El Tribunaldesestimó la cuestión planteada por el Supremo contra los apartados 2 y 10 del artículo 16 del RealDecreto. Ahora le quedaba alıSupremo pronunciarse sobre la legalidad del Reglamento.

Ahora, la reforma fiscal intenta «racionalizar» las normas aplicables a las operaciones

vinculadas.ıEstablece que existirá influencia significativa cuando la participación sea superior al 20% y simplifica las obligaciones de documentación. Ahora podría adaptar estos cambios.

 

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